El comandante de las Fuerzas Militares, el general Alejandro Navas,
dijo que los secuestradores de Nhora Valentina Muñoz no cumplieron
con entregarla al Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR) para escapar del acoso de las tropas.
Colprensa
La operación fue puesta en marcha este viernes tras la entrada en vigor de una suspensión de operaciones militares por ocho horas, solicitada por el CICR al presidente Juan Manuel Santos, quien la autorizó.
Santos se lamentó tras expirar el cese de acciones del engaño de los captores y se ratificó, desde la ciudad occidental de Pereira, en que los bandidos incumplieron la puesta en libertad de la niña, que es hija del alcalde de Fortul, Jorge Enrique Muñoz.
En una declaración divulgada por su servicio de prensa en Bogotá, el comandante de las Fuerzas Militares afirmó que con los secuestradores "no hay interlocución, buscan una ventaja estratégica y están jugando con el dolor de la familia" de la niña.
Son criminales que "siguen atropellando a la población civil y a la niñez", añadió Navas, y señaló que, con la retención de la menor, "no tienen ninguna justificación y siguen demostrando un grado de crueldad desmedido, violatorio de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario".
En la misma declaración, el jefe militar notificó de la continuidad de las operaciones en la zona de secuestro para lograr el rescate sana y salva de la niña.
"Estamos actuando con prudencia y debido cuidado", dijo luego, y enfatizó: "Lo que más nos interesa es la vida de la niña".
La menor fue hecha cautiva el pasado 29 de septiembre por dos encapuchados que la abordaron a las afueras del colegio público de Fortul en el que cursa quinto grado y hasta donde había sido llevada por su madre, Pilar Gutiérrez, en una motocicleta.
Los desconocidos también la hicieron cautiva a ella, pero la dejaron en libertad posteriormente, a la salida de la localidad.
Las autoridades no han informado de si los captores son guerrilleros o delincuentes comunes.
Además, han puesto en duda comunicados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los que ambos grupos rebeldes niegan que sean los responsables de la retención.
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